La junta directiva de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD) ha anunciado recientemente que, en tan solo un mes desde su presentación oficial, la entidad ha registrado más de 4.000 socios. Tras alcanzar esta cifra, la asociación independiente de empresas e intereses privados sin ánimo de lucro ha iniciado procedimientos administrativos con diferentes órganos de la Administración del Estado, entre los que destacan el Ministerio de Fomento y el Ministerio del Interior, mediante la presentación de escritos con alegaciones y su correspondiente base jurídica.
La ANPD nació el 6 de julio de 2023 en la ciudad de Valencia con el objetivo de “dialogar con las instituciones como partes implicadas y como expertos en la tecnología dron civil”, para “ayudar a obtener una legislación que sea justa, justificada y proporcional”. La entidad demanda un cuerpo normativo que, por un lado, “tenga en cuenta la seguridad de las operaciones para que los pilotos puedan dejar de sentirse delincuentes” y, por el otro, ayude al sector español de los sistemas aéreos no tripulados a “despegar y desarrollar todo su potencial”.
Según la junta directiva de la entidad, “los drones civiles cuentan con el récord de haber causado cero víctimas mortales en todo el mundo desde que se concibieron”, por lo que estos vehículos se configuran como “los más seguros actualmente”. No obstante, la ANPD asegura que, a nivel nacional, “distintos sectores influyentes, tanto de la Administración, como del sector privado, han provocado que los ciudadanos perciban esta tecnología como una gran amenaza”, hecho que ha influenciado notablemente el desarrollo de una legislación “muy restrictiva y desproporcionada” en comparación con aquellas que regulan el uso de vehículos “más grandes, pesados y peligrosos”.
En su alegato, la Asociación recalca que “las reglas son necesarias para la seguridad de todos”, haciendo especial hincapié en que estas “deben ser acordes con los riesgos reales y deben contemplar la especificidad de los drones con respecto a otras aeronaves ante las que se equiparan”. La propuesta publicada se basa en “la eliminación de toda restricción y prohibición que no pueda ser justificada mediante estudios, pruebas, estadísticas y evaluaciones de riesgo bien formuladas”.
La ANPD centrará sus esfuerzos en “la difusión del entusiasmo por este hobby o por las profesiones derivadas de los UAS”, abogando que “es necesario un entorno con menos reglas que sean más sencillas de entender, como ya se ha hecho en otros países vecinos donde el sector se desarrolla sin tantas limitaciones en un entorno tan seguro o más que el nuestro”. Para ello, la entidad está desarrollando distintas líneas activas de trabajo, entre las que destacan, por ejemplo, la diferenciación sostenida de los drones en contraste con otras aeronaves, las operaciones de vuelo en regiones CTR, el acceso a Zonas de Especial Protección Para Aves (ZEPA), la convergencia normativa con el país de menor restricción de la Unión Europea, el acceso libre y equitativo al U-Space, la revisión de la zonificación para UAS, la promoción del desarrollo de una plataforma integral para la gestión de permisos y autorizaciones mediante una aplicación móvil o protección de los UAS frente a la aplicación de los criterios SORA en los protocolos de uso.
La Asociación Nacional de Pilotos de Drones está conformada por apasionados y expertos en drones y jurisprudencia, cuya misión es “aportar valor a la sociedad al trazar el camino hacia una integración fluida de esta tecnología, catalizando así el avance socioeconómico vinculado a las innovaciones”. Según la junta directiva, “la voz y el apoyo de todos los socios que aporten su experiencia y propuestas son fundamentales para conseguir los objetivos propuestos”, por lo que la entidad “siempre estará abierta a todos los que quieran colaborar y participar en el proyecto para un futuro mejor en el sector de los UAS”.