La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha concedido las primeras autorizaciones para operar de forma legal con drones agrícolas de más de 25 kilos. Las primeras empresas en hacerse con los permisos lo han hecho a través de la consultura especializada en asesoría aeronáutica de drones Ampell, que ha tardado entre cuatro y seis meses en gestional cada autorización.
La necesidad de modernizar la agricultura pasa, por una parte, por la implantación del uso de la tecnología dron. Durante estos últimos años la legislación ha evolucionado para adaptarse a nuevas situaciones. En el caso de los UAV, no tener la documentación reglamentaria necesaria para operar podría traducirse en sanciones de entre 6.000 euros y 600.000 euros.
La contratación de empresas o personas que realizan trabajos sin los pertinentes permisos y documentaciones puede implicar también la incursión en una serie de delitos con consecuencias sancionadoras y penales, tanto para la empresa de drones, como para el que la contrata.
El valor de los drones en la agricultura de precisión
Las diferentes aplicaciones del uso del dron en agricultura contribuyen de forma inmediata a la mejora de cosechas y al abaratamiento de costes. Un UAV permite hacer mapas de la orografía y detectar sus necesidades de riego o fumigación con una precisión centimétrica. Esto proporciona unos datos capaces de detectar las necesidades de los cultivos y su salud de forma específica.
El uso de drones ayuda a gestionar, por ejemplo, el consumo el agua de forma eficiente detectando el estrés hídrico, fumigando de forma especifica sobre las plantas que lo requieren y necesitan ser tratadas para controlar plagas y enfermedades y respetando con ello la biodiversidad.