La Policía de Francia sufre un revés judicial y no podrá supervisar con drones la frontera con España

Ha sido una lucha de semanas, pero parece estar llegando a su fin. El Consejo de Estado de Francia ha resuelto prohibir que la Policía de dicho país vigile con drones su frontera con España. Específicamente, se trata de un radio de 22 kilómetros cuadrados entre Ibardin, Biriatou, Urrugne, Hendaya y el Puente de Behobia; zona que limita con Navarra y el País Vasco, pero siempre en territorio galo.

Las protestas contra la propuesta de reforma de pensiones de Emmanuel Macron han forzado que el gobierno deba destinar efectivos policiales a las zonas urbanas. Y si bien no se puede hablar de un "abandono", sí se reconoce que hay menos personal en los puestos fronterizos. Por eso, el 26 de junio la Prefectura de los Pirineos Atlánticos había publicado un decreto que reforzaba los controles migratorios mediante el uso de sistemas, lo que fue tumbado esta semana por la justicia.

Detalle de la resolución

La resolución se divide en tres puntos: suspender el decreto que había autorizado "la captación, grabación y transmisión de imágenes por medio de cámaras instaladas en aeronaves", ordenar a la Prefectura que ponga fin al uso de estos dispositivos en el perímetro y el cobro al Estado de 1.200 euros por cada uno de los solicitantes. Entre ellos destaca la Asociación de Abogados para la Defensa de los Extranjeros, otras ONG y vecinos del sector.

Entre los argumentos, se menciona que los intentos de cruces ilegales en la frontera han disminuido durante el año, que con respecto a las libertades fundamentales existen medios menos intrusivos que el uso de drones y que la policía fronteriza cuenta con las herramientas de vigilancia necesarias.

Satisfacción entre las ONG

La organización SOS Racismo Gipuzkoa, una de las intervinientes, publicó en un comunicado que "la resolución da la razón a los demandantes de que dicha orden afecta de manera grave y manifiestamente ilegal al derecho y respeto a la vida privada y familiar. Muestra que es posible encontrar amparo en las garantías legales que salvaguardan derechos fundamentales frente a actuaciones contrarias a los mismos del gobierno francés".