España, a la vanguardia europea en la creación de unidades policiales de drones

A continuación, puede leer las primeras líneas de un reportaje publicado por Infodefensa.com en el diario La Razón, una colaboración que ya tiene casi cinco años.

Drones para el control del tráfico, drones salvavidas, de vigilancia de fronteras, de control de aforos, antincendios… para el ámbito naval, submarino, aéreo, terrestre… Los drones son una herramienta muy potente y el límite en su uso es aún desconocido, tanto para bien, como para mal. Igual que estos aparatos ayudan a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y equipos de Protección Civil a cuidar de la ciudadanía, los crímenes y delitos en los que los drones tienen un papel protagonista también son una realizad, cada día más común. Ante este panorama, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Local y Autonómica se han dotado de los recursos necesarios para frenarlos, añadiendo a sus flotas nuevas aeronaves no tripuladas y sistemas antidrón, en un mapa que se extiende a lo largo y ancho de España.

Levante, por ejemplo, posee todo un corredor dotado con multirrotores cuya misión es detectar y rescatar personas ahogadas. Policías como la de Benidorm disponen de unidades móviles para desplegar sus medios aéreos e intervenir rápidamente en todo el territorio que tiene asignado. Si hablamos de la Guardia Civil, Barcelona es uno de los puntos de más importantes en control aeroportuario, mientras que la Policía Municipal de Madrid es la referente en el control del tráfico rodado y las grandes aglomeraciones. Si pasamos a la Policía Nacional, los sistemas antidrón de inhibición son las estrellas indiscutibles en todas las capitales. El mapa es amplio y los sistemas que componen el arsenal son variados, destacando desde pequeños drones chinos de menos de 250 gramos para sancionar los excesos de velocidad en la capital, hasta sistemas Predator de dos toneladas y veinte metros de envergadura en el Estrecho para el control de fronteras.

A pesar de que en España las cuantías de la multa por utilizar estos aparatos en zonas prohibidas o de forma indebida varían entre los 90.000 y los 225.000 euros, las actividades ilícitas siguen siendo una importante amenaza. Esto está directamente relacionado con el significativo aumento del tráfico no tripulado en nuestro espacio aéreo, hecho que los delincuentes parecen estar aprovechando para camuflar sus actos y pasar desapercibidos. Como dato ilustrativo, tan solo en 2023 la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió un total de 182.000 certificados para el vuelo de drones, 51.000 más que en el año 2022. Teniendo en cuenta la elevada cifra de operaciones legítimas, no es difícil imaginarse la cantidad de delitos y violaciones de la legislación que se llevan a cabo cada día, poniendo en peligro la estabilidad de la sociedad.

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