Los incidentes de Londres, una oportunidad para el Gobierno

Los recientes incidentes ocurridos en los aeropuertos de Londres (Gatwick y Heathrow) por el avistamiento de aeronaves no tripuladas no deben ser interpretados como una amenaza sino como una oportunidad para los gobiernos europeos para armonizar el sector aeronáutico de los RPAS, denominados coloquialmente como drones, y regular eficazmente el espacio aéreo urbano (U Space), necesario para la evolución del sector.

Nadie pone en duda la importancia de los drones en nuestra sociedad en un futuro no muy lejano. El uso de los drones constituirá uno de los cambios más significativos y disruptivos del siglo XXI. Los drones contribuirán a la optimización de procesos industriales (cartografía, topografía, agricultura, etc.) y al beneficio de nuestra propia sociedad civil (logística, seguridad, salvamento, etc.). Pero, lejos de considerar los incidentes actuales como obstáculos al desarrollo de una tecnología que aportará múltiples beneficios a nuestra sociedad, debemos concienciarnos de la importancia de regular la operativa de los vehículos aéreos no tripulados.

Al igual que ocurrió con la integración del automóvil en nuestras vidas cotidianas a principios del siglo XX, la generación actual necesita un marco regulatorio y reglas del juego precisas, que permitan operar aeronaves no tripuladas en escenarios urbanos e industrial. El marco regulatorio permite establecer los controles y los límites de actuación para posibilitar la operativa de los vehículos (hoy, aeronaves) de manera segura y en beneficio de toda la comunidad.

No debería preocuparnos el uso de aeronaves no tripuladas si contáramos con un entorno seguro en el que las aeronaves contaran con una matrícula de registro, homologación y propiedad; las operaciones se realizarían por empresas operadoras homologadas por la autoridad competente (AESA en España; EASA a nivel Europeo); y las personas que manejaran estos vehículos contarían con las correspondientes certificaciones de aptitudes y de conocimientos para operar en el espacio aéreo. Entenderíamos mejor esta situación si la asemejáramos a que, en la actualidad, para conducir un vehículo a motor es necesario que el vehículo esté homologado, que disponga de una matrícula, que esté al corriente de las inspecciones técnicas, que solo se pueda circular en los espacios habilitados para ello y que sea necesario un carnet de conducir que acredita el conocimiento y de normas básicas de conducción.

En España, disponemos, desde diciembre del año 2017, de un marco regulatorio propio, exhaustivo y muy exigente para operar con aeronaves no tripuladas, que otros paises europeos adoptan como referencia para crear los suyos propios. La normativa abarca un 2 amplio abanico de obligaciones tanto a nivel técnico como a nivel operacional, exigiendo diferentes autorizaciones administrativas a las empresas operadoras en función de los trabajos aéreos a realizar en escenarios de vuelo de especial riesgo, principalmente aquellos que contemplan vuelo sobre aglomeración, vuelo nocturno, vuelo en espacio aéreo controlado.

Tras los últimos incidentes en los aeropuertos de Londres, las autoridades del Reino Unido se han percatado de la necesidad de crear un marco regulatorio similar (hasta ahora demasiado permisivo) para evitar futuros percances. Así, por ejemplo, se plantea la necesidad de ampliar el perímetro de vuelo restringido cerca de aeropuertos y aeródromos (sorprendentemente, hasta ahora, solo de 1 km, cuando en España el perímetro mínimo de límite se encuentra a 8 Km) y exigir planes de operaciones y estudios de seguridad ad hoc, que acrediten la factibilidad de realización de operaciones de forma segura en los escenarios operacionales de especial riesgo previamente mencionados.

Es cada vez más evidente la necesidad de contar con marco regulatorio eficaz y, sobre todo, armonizado a nivel europeo. Con toda seguridad, no conseguiremos mitigar todos los riesgos de incidentes derivados de un mal uso de los drones, pero está claro que el establecimiento de un marco regulatorio europeo o global común y coherente, minimizará dichos riesgos y contribuirá positivamente al bienestar empresarial y social de nuestra comunidad.